El pleno de la Cámara de Comercio de España celebrado esta semana ha servido para dejar claros los objetivos prioritarios en la era post covid: la reactivación de la economía a través de la recuperación de empleo y del apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

El presidente de la Cámara, José Luis Bonet, apuntó la primera medida que pondrá en marcha el organismo que capitanea: la próxima creación de un Centro Español de Mediación Civil y Mercantil que facilitará la resolución de controversias empresariales de forma eficiente, transparente e independiente.

El encargado de anunciar más medidas concretas fue el vicepresidente tercero de la Cámara de España y presidente de la Cámara de Madrid, Ángel Asensio, quien anunció la puesta en marcha inmediata del Programa+45 que ayudará a los mayores de 45 años en su búsqueda de empleo, y que se basará en la metodología PICE, el programa de las Cámaras para fomentar la empleabilidad de los jóvenes. También reveló que la Cámara de España revisará los programas que gestiona, cofinanciados con fondos europeos, para ayudar al tejido productivo, y particularmente las pymes, a hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia.

Medidas, todas ellas, que comparten el objetivo común de la reactivación. Una reactivación a la que también aludió en su discurso S. M. el Rey, Felipe VI, quien durante el pleno resaltó que “ahora corresponde que juntos y entre todos, sector público, empresas, cámaras de comercio, sociedad civil, sumando esfuerzos y aplicando inteligente y coordinadamente nuestras energías y nuestros recursos con generosidad, trasparencia y rigor, seamos capaces de reactivar la economía con toda la fuerza, la solidaridad y la solvencia de las que los españoles son capaces y también se merecen”.

CONFIANZA EN LAS EMPRESAS

El presidente de la Cámara de Comercio, en esta línea, ha puesto de manifiesto que el auténtico escudo social lo proporciona el empleo, “que dota de dignidad y estabilidad a las personas”. Por ello, “los poderes públicos deben confiar en las empresas, entender que son parte fundamental de la solución y facilitar e incentivar su vuelta a la actividad, proporcionándoles los instrumentos necesarios para salir adelante”.

Para José Luis Bonet, es necesario que los poderes públicos actúen con y para las empresas y no pongan barreras que dificulten su actuación, porque en este momento la certidumbre y la seguridad jurídica son más importantes que nunca.

“La cooperación público-privada, el consenso y el acuerdo son esenciales para definir y abordar las grandes reformas que requerirá España en la fase de reconstrucción económica y social, y, de nuevo, la empresa debe ser la pieza clave porque es la base económica del país y la principal fuente de empleo y sustento más importante del Estado de Bienestar y del sector público”, ha añadido.

PRIORIDADES

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, por su parte, se refirió a las prioridades del Gobierno en esta crisis, entre las que también están, “además de salvar vidas, proteger a la población, el empleo y mantener la actividad del tejido empresarial, especialmente de autónomos y pymes”. En este sentido, recordó algunas medidas de financiación, como líneas ICO o CESCE, y laborales como los ERTES que están en proceso de revisión para extenderlos más allá del 30 de junio para las actividades económicas más afectadas. Asimismo, se ha referido a la reciente aprobación del Ingreso Mínimo Vital.

Para apoyar el inicio de la actividad empresarial y económica, Reyes Maroto hizo hincapié en los 25 protocolos de seguridad y guías de buenas prácticas para establecimientos industriales, comerciales y turísticos y el sello ‘Comercio de Confianza’, puesto en marcha con las Cámaras de Comercio. Por último, la ministra ha invitado expresamente a las Cámaras de Comercio a participar en el gran Acuerdo Nacional de Reconstrucción económica y social.

También intervino la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, que señaló que  es “prioritario poder recuperar la actividad de forma segura. Cada día que no se abre está costando muchos puestos de trabajo a la economía española”.

Botín también apuntó que “en tres meses hemos visto unos cambios en la digitalización de la economía que hubieran tardado 10 años en producirse. El riesgo que existe es que se amplíe la brecha digital. Por eso, entre todos, empresas y gobierno, debemos ver cómo aseguramos que el cambio no deja atrás a las personas con menos recursos, las empresas más pequeñas o los sectores más afectados”.